Vecinos de Piscaderaweg exigen respuesta al gobierno de Curazao y alertan sobre daños al medioambiente

A continuación se publica la segunda y última entrega que recoge las denuncias de miembros de la comunidad de Piscaderaweg sobre las supuestas irregularidades en el desarrollo del proyecto de Zakitó

Los vecinos de Piscaderaweg se preguntan: ¿Por qué el gobierno, bajo el primer ministro Gilmar Pisas, no anuló el acuerdo con la empresa Royal Holding II B.V. para el desarrollo de la zona de Zakitó después de enterarse de que su director, Arnold Rood, y su empresa no tenían vínculos legales ni habían sido autorizados por la cooperativa Royal Palm Resort, ni por el urbanizador Barney Ivanovich para representarlos?

Igualmente preguntan: ¿Por qué el gobierno firmó un memorando de entendimiento con Royal Holding II B.V. cuando se decía en la isla que Arnold Rood carecía de recursos financieros suficientes para llevar a cabo un proyecto de tal envergadura? Rood supuestamente tenía deudas considerables en el leasing de su oficina, servicios públicos, y enfrentaba demandas de empresas de suministro de material y debía altas sumas a una empresa de seguridad.

Recientemente, la empresa Royal Holding II B.V. se fusionó con el Grupo GMFB Caribbean para la construcción de 112 apartamentos y la obtención de permisos para un puerto deportivo para yates de hasta 150 pies en la Laguna de Zakitó.

El complejo, denominado The View Resort & Marina, es un proyecto de GMFB Royal Development, resultado de la fusión de ambas empresas.

La comunidad también cuestiona el avance del proyecto The View Resort & Marina, destacando que el ex primer ministro Eugene Ruggenaath y su ministro Steve Martina señalaron que se trataba de un desarrollo turístico; sin embargo, al final Arnold Rood habría utilizado esos 20 mil metros cuadrados para construir apartamentos de propiedad privada por sumas astronómicas.

Recuerdan que en el primer permiso de construcción se estableció que los edificios no podían tener una altura superior a la del Boulevard Helmin Wiels; sin embargo, la construcción de los ocho edificios tiene una altura cada uno de nueve pisos, lo que constituye una grave infracción de contaminación visual que el actual gobierno ni los dos tribunales administrativos tuvieron en cuenta en los alegatos presentados por los vecinos de Piscaderaweg.

Más transparencia

La comunidad denuncia irregularidades en el sector de la construcción. Un ejemplo es el pequeño centro comercial Piscadera Bay Side, donde se construyeron locales para restaurantes y almacenes con vista a la bahía y una zona para atracar botes y yates debido a ser un puerto natural. Han pasado más de cinco años y los locales nunca fueron ocupados ni alquilados, y ahora presentan un gran deterioro debido al abandono y el vandalismo. Los costos de estas obras abandonadas son sufragados por quienes pagan impuestos en la isla.

Con el fin de justificar el permiso otorgado al proyecto de Rood, en diciembre de 2022, el gobierno a través de la agencia Domeinbeheer invitó a entidades y personas que quisieran conocer el plan del puerto deportivo en la Laguna Zakitó o se sintieran afectadas por dicho proyecto a que inspeccionaran la documentación aportada y expresaran motivos de fondo para suspenderlo.

Los interesados tuvieron solo una hora para revisar una inmensa cantidad de documentos. Posteriormente, estas personas enviaron comunicaciones al gobierno exponiendo los motivos por los cuales se oponían a la aprobación del permiso.

Entre estos motivos se encontraba el hecho de que en el acuerdo aprobado por el gobierno aparece un contrato de arrendamiento a largo plazo, el Royal Master Plan, otorgado al Royal Palm Resort como una ampliación y no a favor de Royal Holding II B.V., sin que exista vínculo legal alguno entre las dos organizaciones. Por lo tanto, consideraron que el contrato es ilegal en todos los aspectos y debe ser invalidado.

Algunos estudios medioambientales presentados en la documentación recomendaban no desarrollar el puerto para yates, ya que las excavaciones que se realizarían destruirían parcialmente los arrecifes de corales a la salida del puente, y los corales a lo largo de la costa en dirección oeste se contaminarían con el lodo de la laguna en mareas altas.

Además, no había nada que demostrara que el proceso iniciado estuviese de acuerdo con las medidas de protección prescritas en el artículo 2 y siguientes de la Ordenanza Nacional sobre Principios de Seguridad y Gestión y Protección de la Naturaleza. Se encontró también que empresas que aportaron estudios ambientales de la zona de Zakitó favoreciendo al Royal Holding II B.V., nunca realizaron investigaciones de medio ambiente en Curazao.

Los interesados opinaron que la Laguna de Zakitó se debe considerar para ser incluida bajo las normas del Acuerdo de Ramsar, que es válido en Curazao. En este acuerdo, la flora y fauna de la región de la Laguna de Zakitó pertenecen a especies que se califican como protegidas. En consecuencia, todo lo que sea perturbador y genere problemas graves para esas especies debe ser evitado. Los peticionarios exigieron al gobierno que se detuviera el proceso y se aplicaran las normas legales antes de continuar adelante con los permisos.

Hasta el día de hoy, los peticionarios no han recibido respuesta del Ministerio de Tráfico, Transporte y Ordenamiento Territorial y, por el contrario, el ministro Charles Cooper autorizó a Royal Holding II B.V. para que desarrollará el puerto de yates en la Laguna de Zakitó.

Surgen las interrogantes: ¿Qué pasa con estos permisos? ¿Qué pasa con las normas y leyes establecidas para conceder proyectos turísticos? ¿Por qué el gobierno no da explicaciones a la comunidad?

Los verdaderos afectados

Curazao cuenta con varias lagunas costeras y salinas, como la Laguna de Jan Kok, la Laguna de Barbara y la Laguna de Zakitó, que son hábitats importantes para aves migratorias y locales. Estas lagunas también tienen un valor ecológico significativo y son áreas de conservación clave.

Al darle vía libre al proyecto The View Resort & Marina de GMFB Royal Development, que intervendrá drásticamente la Laguna de Zakitó, se corre el riesgo de que se pierda la biodiversidad que alberga. Esto puede afectar negativamente a la pesca local y dejar las costas más vulnerables a las tormentas e inundaciones.

La destrucción de los manglares, los arrecifes de coral y la flora y fauna de la isla tiene consecuencias devastadoras para el entorno natural y la calidad de vida de sus habitantes. Proteger y conservar estos ecosistemas es esencial para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las islas y la salud de sus comunidades.

Es de vital importancia que el gobierno le brinde herramientas administrativas y judiciales a CARMABI (Caribbean Research and Management of Biodiversity), para que lleve a cabo actividades de vigilancia y control más efectivas a los proyectos de desarrollo turístico con el fin de proteger y conservar los ecosistemas valiosos que posee Curazao.

El gobierno también debería ofrecerle a la sociedad civil un mecanismo legal y a bajo costo, que le permita a cualquier persona, sin importar su edad, género, nacionalidad, o situación migratoria, presentar directamente una acción judicial para proteger derechos fundamentales cuando consideran que han sido vulnerados o están en riesgo de serlo. Este mecanismo debe ser rápido y efectivo para garantizar la protección de los derechos, y podrá utilizarse en una amplia variedad de situaciones, como temas de salud, medio ambiente, educación, vivienda, y más.

Cuando los gobiernos no involucran o consultan adecuadamente a las comunidades en proyectos de desarrollo turístico, surgen una serie de problemas y desafíos. Algunas de las posibles consecuencias incluyen: conflictos sociales, impactos negativos como la pérdida de tierras, la degradación ambiental y la gentrificación, desplazamientos, falta de sostenibilidad por el poco compromiso de la comunidad en la preservación de los recursos naturales y culturales que atraen a los turistas.

Para abordar estos problemas y promover el desarrollo turístico sostenible y equitativo, es importante que los gobiernos y las empresas turísticas involucren a las comunidades locales desde el principio, escuchando sus preocupaciones y necesidades, y trabajando en colaboración para diseñar proyectos que beneficien a todos los involucrados. Además, la transparencia y la responsabilidad son fundamentales en el proceso de consulta y toma de decisiones.