Vecinos de Piscaderaweg denuncian irregularidades en el proyecto de Zakitó y en la construcción del Royal Palm Resort en Curazao

A continuación se publica la primera parte de una carta enviada a esta redacción por miembros de la comunidad de Piscaderaweg, quienes exigen al gobierno curazoleño respuestas a sus reclamos

Zakitó, una zona ubicada en el sur de Curazao, limita con el Mar Caribe, frente a las costas de Venezuela. Se extiende desde la zona turística del Rif Fort, una estructura histórica que alberga una variada selección de restaurantes, tiendas y hoteles, hasta la hermosa playa de Parasasa.

En esta área se encuentran diversos proyectos y lugares de interés, entre los que se incluyen zonas de manglares, el hotel Corendon, el “Parke Lucha pa Libertat” con el monumento a Tula, el Campus Medical University, la antigua planta desalinizadora de Aqualectra, el pintoresco pueblo de pescadores, la serena Laguna de Zakitó, la urbanización privada Royal Palm Resort y la mencionada playa de Parasasa.

En el año 2018, el gobierno conformó un grupo de trabajo conocido como Werkgroep Ontwikkeling Zakitó+ (WOZ+). Su misión era la preparación de un documento que estableciera la visión para la zona de Zakitó, concibiéndola como “una zona turística vibrante, capaz de satisfacer al máximo las necesidades de los visitantes, incluida la población local”.

El grupo enfatizó la importancia de esta visión, la cual no solo promovía el progreso del sector público y privado, sino que también abarcaba la conservación ambiental, la participación de la comunidad, el marco institucional y la financiación.

Para la preparación de este documento, se consultaron a representantes de diversos grupos de interés en la zona como el Zakitó District Cooling Group, el urbanizador del Royal Palm Resort, un representante de Carmabi (Caribbean Research and Management of Biodiversity), las fundaciones Slave Revolt y Amigu di Tera, el grupo Corendon y consultores de la zona de desarrollo del Rif.

Entre los objetivos destacados por el grupo de trabajo para el desarrollo de Zakitó se encontraba la necesidad de que el proyecto fuera flexible y sostenible, teniendo en cuenta las implicaciones futuras y las necesidades de los visitantes, la industria turística, el medio ambiente y la comunidad. Además, se subrayó la importancia de incorporar elementos de energía renovable en la zona, como el inicio del District Cooling de Zakitó mediante el método SWAC (Seawater Air conditioning Cooling).

Conscientes del cambio climático, el grupo WOZ+ hizo hincapié en la urgencia de tomar medidas oportunas para mitigar los riesgos asociados, incluyendo la elevación del nivel del mar, y la implementación de un sistema de drenaje eficaz que brindara una adecuada protección costera en la zona.

Por otro lado, se enfatizó la necesidad de establecer una interacción efectiva entre la zona y los barrios residenciales, así como con las áreas turísticas adyacentes. El nuevo desarrollo debía ser un lugar tanto para turistas como para la población local.

Por último, se hizo hincapié en que la tranquilidad y la conservación de la naturaleza debían ocupar un lugar central en el desarrollo de la zona. Se buscaba el mejoramiento de los ecosistemas existentes, incluyendo manglares, corales, fauna y flora.

Lamentablemente, las iniciativas plasmadas en el documento “Visión para la zona de Zakitó” por el grupo WOZ+ se quedaron en buenas intenciones. Los dos últimos gobiernos hicieron caso omiso a la mayoría de las propuestas relacionadas con la asignación de terrenos, la preservación de manglares y arrecifes de corales, y la ubicación de espacios para recreación y deporte.

Además, no consultaron a las comunidades vecinas, no se implementaron proyectos de energía renovable en la zona y no se tomaron medidas para mitigar los riesgos asociados al aumento del nivel del mar, ni para establecer un sistema de drenaje que ofreciera una protección costera adecuada.

El acuerdo y los conflictos

Para comprender la situación en la zona de Zakitó es necesario remontarse 30 años atrás. En 1993, comenzó la construcción del condominio conocido como Royal Palm Resort, un proyecto urbanístico innovador que contemplaba un resort con elegantes edificios, paisajismo y arquitectura mediterránea. Este proyecto estaba a cargo de la empresa constructora holandesa Hazeleger, en colaboración con el estudio de arquitectura AOB de Curazao.

Hazeleger comenzó esta urbanización emblemática en Curazao, construyendo las primeras calles, casas bifamiliares, edificios de apartamentos de baja altura y la piscina en el lado este del resort. Sin embargo, debido a situaciones imprevistas como la desaceleración en el sector de la construcción y una gestión financiera inadecuada, la empresa enfrentó problemas de liquidez que impidieron continuar con la construcción de la zona oeste.

En medio de esta crisis, en 1996, el señor Hazeleger falleció y su colaborador, el señor Van Liempdt, se convirtió en propietario y socio de la empresa. En poco tiempo, este socio descapitalizó la empresa y desapareció en 1997, sin que hasta hoy se conozca su paradero, dejando a la empresa en bancarrota.

Luego, los propietarios de los inmuebles adquiridos a Hazeleger, quienes habían formado una cooperativa de propietarios, se reunieron con el gobierno para proponer la finalización de lo que faltaba por construir según el Master Plan de la constructora Hazeleger.

Sin embargo, el gobierno, representado por Ramón Chong, rechazó la propuesta y en su lugar otorgó permisos para la urbanización a Barney Ivanovich, un americano de origen yugoslavo y propietario de la empresa Barnivas Development. Le cedieron en leasing los terrenos del área de Zakitó.

La empresa de Ivanovich suscribió un Memorando de Entendimiento con el gobierno en 2001 para urbanizar una primera etapa que incluía el área actual del Royal Palm Resort, llamada “Upper Part”, y la zona de Zakitó, desde la planta de Aqualectra hasta la laguna, conocida como “Lower Part”.

El acuerdo establecía que el urbanizador del Royal Palm Resort debía completar su construcción en tres años, manteniendo el estilo arquitectónico existente y entregando la infraestructura y áreas comunes a la cooperativa de propietarios. Además, se acordó la construcción de canchas de tenis, una nueva piscina y un club social. Barnivas construyó un edificio como muestra de su compromiso con el gobierno, bajo la condición de proporcionar una fianza como garantía si no cumplía.

Paralelamente, Ivanovich también era propietario y gestionaba el hotel Plaza en Punda. Sin embargo, debido a conflictos legales con su socio Chester Peterson, Ivanovic -según su relato- fue secuestrado en el hotel por orden del entonces ministro de Finanzas, George Ranjit Mohamed Jamaloodin, y posteriormente fue expulsado de sus instalaciones. 

El Girobank presuntamente confiscó unos 20 millones de dólares del pago del hotel, dinero que nunca le fue reembolsado, y la cuenta bancaria a su nombre desapareció de manera misteriosa, todo esto según Ivanovic. En 2011, Ivanovic presentó una demanda por robo y fraude contra Jamaloodin y Adèle van der Pluijm-Vrede, quien fungía como notaria en ese momento y como gobernadora en funciones de las Antillas Neerlandesas. Esta demanda nunca avanzó ya que los implicados no comparecieron ante el tribunal en Florida, Estados Unidos.

Ivanovich también firmó un acuerdo con el entonces ministro de Finanzas, Steve Martina, para la compra del terreno donde se encuentra actualmente Aqualectra, y otro con el ING Bank, propietario del terreno que corresponde a la Laguna de Zakitó. El urbanizador relata que, en los terrenos que se extienden desde Aqualectra hasta el Royal Palm Resort, existen cuatro propietarios diferentes, cuyos acuerdos y escrituras de propiedad fueron completamente desconocidos por los dos últimos gobiernos.

Debido al presunto robo de los fondos de su cuenta bancaria, las obras en el Royal Palm Resort se paralizaron y quedó en evidencia que Barnivas Development carecía de los recursos financieros necesarios para finalizar el proyecto.

En medio de esta crisis, Barney Ivanovich conoció a Arnold Rood, un contratista holandés y propietario de la constructora Royal Holding II B.V., quien se ofreció a financiar y construir varios edificios y casas para completar la urbanización. Inicialmente, todo marchaba según lo planeado. Sin embargo, la seguridad de Ivanovich se vio amenazada por una serie de incidentes relacionados con el Hotel Plaza, incluyendo amenazas, asaltos y robos en su casa dentro del resort. Estos incidentes lo llevaron a sentir que su vida corría peligro, forzándolo a abandonar la isla.

Arnold Rood, por medio de un acuerdo firmado, asumió la continuación de la construcción de los edificios que originalmente habían sido contratados por Barnivas Development en el Royal Palm Resort. Sin embargo, según fuentes consultadas, Rood presuntamente se apropió de forma abusiva de lotes de propiedad de Ivanovich, construyó apartamentos y casas, y en complicidad con una notaría local y una serie de compradores, facilitó la emisión de escrituras falsas que ahora aparecen como ventas legales.

Además, Rood comenzó a presentarse ante funcionarios gubernamentales como el urbanizador del Royal Palm Resort en representación de Barney Ivanovich, a pesar de no contar con ningún poder ni autorización del mismo. Cuando trató de construir los últimos edificios, que había contratado directamente con el gobierno, Rood ignoró por completo el diseño arquitectónico original de la urbanización, construyendo edificios sin los detalles que le daban carácter al proyecto, aparentemente en un intento por reducir costos y el tamaño de los apartamentos.

Las directivas de la cooperativa de propietarios insistieron en que se cumpliera con los compromisos previamente acordados con el gobierno, así como también con la construcción de canchas de tenis, una nueva piscina y un club social. Sin embargo, Rood siempre se negó a concretar estos compromisos anteriores y a firmar los acuerdos pactados con las directivas.

Rood no cumplió con las normas mínimas de seguridad industrial en las construcciones, deterioró visiblemente las calles del resort, dañó la iluminación comunitaria y los sistemas de seguridad, argumentando que los reemplazaría una vez finalizada la construcción de sus edificios, lo que nunca ocurrió.

También surgieron problemas recurrentes con propietarios de nuevos apartamentos debido a la baja calidad de los materiales de construcción, la mano de obra y los acabados, así como a la falta de seriedad cuando se solicitaban garantías por los daños que surgían.

Para muchos fue una sorpresa leer en los periódicos en marzo del año 2020 que el gobierno de Eugene Rhuggenaath había otorgado un contrato de leasing a largo plazo y un permiso de construcción para la expansión de la urbanización Royal Palm Resort en la zona de Zakitó.

Este acuerdo también incluía un Memorando de Entendimiento para el desarrollo turístico en la laguna cercana al complejo. Lo asombroso de esta situación fue que todas estas gestiones fueron realizadas por Arnold Rood en nombre del Royal Palm Resort, a pesar de no tener ningún vínculo legal con el urbanizador ni con la cooperativa de propietarios. Estas maniobras pasaron desapercibidas para los afectados.

Rood solicitó permiso al gobierno para urbanizar la zona de Zakitó, dando a entender que contaba con la autorización y el respaldo de los diferentes consejos de administración de la urbanización. Esta estrategia le permitiría a Rood utilizar el nombre de la urbanización como parte de su imagen comercial y aprovechar la infraestructura del Royal Palm Resort. De esta manera, los residentes de las nuevas torres podrían utilizar la carretera que atravesaba las zonas oriental y central del Royal Palm Resort y acceder a la playa Parasasa, evitando así la construcción de nuevas vías internas.

Ante esta situación anómala, desconocida hasta entonces, y debido a las protestas de los vecinos de Piscaderaweg, las directivas del resort se vieron en la obligación de informar a la opinión pública que el Royal Palm Resort no tenía terrenos adicionales para construir, no estaba desarrollando proyectos urbanísticos y no había cedido sus derechos a terceros para construir en su nombre.

Además, se destacó que el resort tenía su nombre registrado como marca comercial en la Oficina de Propiedad Intelectual. En este contexto, no se autorizó a Rood a utilizar la infraestructura vial, ya que ésta era propiedad de Barnivas Development.

Sorprendió a los vecinos la respuesta del Ministerio de Tráfico, Transporte y Ordenamiento Territorial, en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Económico, encargados de autorizar el desarrollo de Zakitó. En lugar de suspender el acuerdo firmado con Rood debido a su suplantación de los miembros y del urbanizador del resort, estos ministerios aceleraron la aprobación de permisos para construir una carretera alternativa de acceso a través de la reserva natural al oeste de la laguna de Zakitó hasta la playa de Parasasa.

Protestas y demandas

Los vecinos de Piscaderaweg, alrededor de 80 familias en total, han estado solicitando durante los últimos tres años información detallada tanto al urbanizador Arnold Rood como al gobierno sobre el proyecto de desarrollo en Zakitó.

Esto se debe a que las nuevas torres de edificios están obstaculizando sus vistas a la laguna, al manglar y al mar, las excavaciones están causando la destrucción de la vegetación y el hábitat de las especies, y la falta de medidas de control en los sitios de construcción está generando una gran contaminación auditiva, visual y atmosférica, sin que las autoridades locales exijan el uso de aspersores de agua o la cobertura de áreas de almacenamiento de tierra y materiales.

Preocupa a la comunidad el hecho de que la constructora esté utilizando el congestionado Boulevard Wiels para la entrada de materiales de construcción, camiones de mezcla de cemento, empleados y otros vehículos de carga, lo que ya ha ocasionado accidentes y representa un peligro para los vecinos que deben usar esta vía.

La comunidad de Piscaderaweg se siente ignorada y perjudicada, ya que ni la constructora ni el gobierno le proporcionaron información sobre el inicio de la construcción, la duración estimada, el alcance del proyecto y los posibles impactos. Además, no se establecieron canales de comunicación para abordar preguntas y preocupaciones.

La situación llevó a los residentes de Piscaderaweg a acudir en varias ocasiones al Ombudsman de la isla, quien carece de la autoridad necesaria para obtener la información requerida y asegurar los derechos de los afectados en la zona de Zakitó.

El secretismo y la falta de atención por parte del gobierno y el constructor, obligaron a la comunidad a llevar sus quejas a los medios de comunicación y, finalmente, a entablar demandas judiciales. Sin embargo, los jueces de primera y segunda instancia desestimaron sus reclamaciones sin dar explicaciones claras. Los vecinos sospechan que podría existir una confabulación del gobierno y sus aliados para acelerar el proyecto.

El proyecto no cumple con todas las regulaciones locales, incluyendo la necesidad de cambiar la función industrial actual de los terrenos de Zakitó para convertirlos en una zona residencial. Es urgente aclarar la propiedad de los terrenos, revisar la legalidad de los permisos de construcción, las restricciones de altura y las normativas de ruido.

Los horarios de trabajo no se respetan, ya que la maquinaria opera día y noche, sin considerar las molestias a los vecinos. Tampoco se han instalado barreras físicas alrededor del sitio de construcción para proteger a los residentes de posibles peligros, ni se ha implementado un plan adecuado para eliminar escombros y residuos de construcción, evitando su acumulación en áreas cercanas a las viviendas, la laguna y el manglar.

Una de las principales preocupaciones de los vecinos es la falta de un monitoreo estructural adecuado del Boulevard Wiels y los edificios circundantes para detectar cualquier movimiento o daño potencial causado por la construcción. También es inquietante que Royal Holding II B.V. aparentemente no cuente con seguros de responsabilidad civil que cubran posibles daños a la propiedad de los vecinos en caso de accidentes o problemas durante la construcción.

La comunidad de Piscaderaweg ha protestado por la asignación de la zona exclusivamente para el disfrute de propietarios extranjeros que probablemente solo residirán en las propiedades durante seis meses al año. Consideran que el gobierno ha ignorado los derechos de los habitantes locales y sus necesidades ambientales, recreativas y deportivas.

Sugieren que la zona debería haberse destinado a un parque similar al Marie Pampoen Park, que contribuiría a la salud y el bienestar de la comunidad al ofrecer espacios al aire libre para la recreación y el deporte, además de conservar la biodiversidad y controlar el flujo de agua de lluvia.