Migración

Venezolanos que entraron en lanchas a Curazao quedarán por fuera de flexibilización migratoria

Autoridades locales ofrecen detalles del restrictivo plan que anunció Willemstad para conceder residencia temporal a migrantes indocumentados

El ministro de Justicia de Curazao, Quincy Girigorie, confirmó este 17 de marzo los alcances del plan Integración Responsable, que beneficiará a un grupo de migrantes indocumentados que hacen vida en la isla.

En una rueda de prensa, Girigorie comentó que “por razones humanitarias” concederían un permiso a las personas indocumentadas que han estado ilegalmente durante más de un año en Curazao y que cumplan con “ciertas condiciones”.

El ministro detalló que esta medida solo beneficiaría a quienes entraron a Curazao antes del 13 de marzo de 2020.

En su declaración también destacó que unos 9.000 venezolanos residen ilegalmente en la isla, al tiempo que matizaba que no todos los inmigrantes indocumentados serán elegibles para optar por el permiso de residencia.

En concreto, detalló que solo entre 3.000 y 4.000 personas indocumentadas que cumplen los requisitos podrían optar por la residencia temporal que ofrecen en el marco de este plan.  

El ministro Girigorie se reunió con la cónsul de Venezuela, Marisol Gutiérrez, para discutir los alcances del plan

Posteriormente, en una entrevista concedida al programa radial “Alegre Despertar”, Girigorie aclaró que el plan de integración responsable no va a ser un período de gracia para legalizar a todos los indocumentados.

“Esto es aplicable para todas las nacionalidades, se aplica a los que entraron antes del 13 marzo del 2020 legalmente, no para los que entraron en una lancha o algo así”, remarcó.

En los últimos años de recrudecimiento de la crisis humanitaria en Venezuela, la vía marítima ha sido la mayormente empleada por quienes huyen del país para llegar a islas cercanas como Curazao. Estos ciudadanos quedarían excluidos de recibir este beneficio. 

Response for Venezuelans, plataforma de coordinación interangencial para refugiados y migrantes, admitió a mediados del año pasado que la pandemia había presionado el aumento de venezolanos que huían de su país en peligrosos viajes en barco, quienes terminaban más expuestos a trata de personas al llegar a su destino de origen por no poder tramitar una estadía legal.

Intención económica de fondo

El ministro de Justicia de Curazao describió en la entrevista referida el perfil del migrante que podrá disfrutar de esta oportunidad de legalización temporal.

“Es para personas que entraron legalmente, tienen empleo, son gente honesta, que trabaja y quiere ayudar a su familia y contribuir también con Curazao. O que entraron legalmente y se hicieron ilegales: entraron como turista y encontraron trabajo, no lograron arreglar su permiso o pagaron un permiso a un gestor que no les hizo bien. Esas personas pueden aplicar en este momento”, abundó.

Recalcó que la novedad del plan es que, habitualmente, las leyes no permiten que la persona en situación ilegal pueda tramitar el permiso de residencia. “En este caso, dijimos que si cuentan con todos los requisitos para recibir el permiso y están ilegales, vamos a hacer una excepción y les vamos a dar su permiso”.

La organización no gubernamental Human Rights Defense Curaçao (HRDC) había alertado el pasado mes de febrero que la iniciativa oficial llegaba tras años de negligencia en el tema del manejo migratorio y de la “violación fundamental de los derechos humanos de los migrantes y refugiados vulnerables”.

Del mismo modo, destacaban la confusión que reinaba en los inmigrantes indocumentados sobre los alcances de la medida. La ONG también dejaba por sentado su principal inquietud: que el plan solo integrara a profesionales universitarios, con cierto poder adquisitivo y que dejara por fuera a personas sin diploma formal y con pocos ingresos.

Carrera de obstáculos

En el sitio web del gobierno de Curazao en el que se detallan las condiciones del plan de Integración Responsable, se deja claro que aunque los motivos humanitarios “jugaron un papel importante” para diseñar este proyecto, la principal motivación es económica.

“La contribución de estas personas a la tesorería de Curazao también es un factor determinante. Esto representa uno de los principales beneficios de la implantación de esta política”, se lee textualmente en la nota oficial del gobierno. 

La oficina de Inmigración de Curazao enumera en su página en internet los requisitos para solicitar la residencia temporal en Curazao (unos generales y otros específicos en función del motivo por el que se solicita el permiso), que se enfocan en la capacidad económica del solicitante.

Los interesados en tramitar la residencia temporal deben consignar un comprobante de ingresos, un pasaporte válido  -documento de difícil trámite para los venezolanos dentro y fuera de su país- , acta de nacimiento y certificado de buena conducta -que no tengan más de dos años de emitidos-, y una declaración general y de garantía del empleador del solicitante.

Se aclara además que la solicitud debe ser enviada por cada miembro de una familia y que el registro solo se puede hacer si se cumple con todos los requisitos.

Las postulaciones se abrirán desde el 22 de marzo hasta el 22 de septiembre de 2021. El proceso de análisis y decisión final se podría tardar hasta seis meses, según advierten.

Wilson de Lima, excandidato al Parlamento en el año 2016 por el partido MAN, declaró a Crónicas del Caribe que los solicitantes deberán desembolsar una importante cantidad de dinero para tramitar la residencia temporal.

El permiso de residencia por primera vez cuesta 635 florines más estampillas, mientras que el permiso de trabajo cuesta 1.000 florines. La ley indica que es la compañía la que asume el costo del permiso de trabajo, pero en la práctica, es el trabajador quien lo paga por necesidad, señala De Lima. El migrante debe cancelar para ambos trámites una cifra superior a los 935 dólares.

Advirtió que, de ser rechazada la solicitud, no se reintegrará al migrante el 100% del dinero pagado para realizar los trámites.

Informó también que los permisos de estadía en la isla son solo por un año, a excepción del permiso que se le otorga a inversionistas que presenten capitales superiores a 185.000 dólares, que es de tres años.

Esto significa que las personas que soliciten su residencia temporal en el marco del plan de integración responsable, tendrán que realizar nuevos trámites para la renovación del permiso un año después de que les sea concedido, con todo el papeleo y recursos económicos que eso implica.

¿Muchos los llamados, pocos los escogidos?

El sitio oficial en Facebook del gobierno de Curazao se llenó de consultas durante la emisión de la rueda de prensa del ministro de Justicia.

Buena parte de las dudas eran de venezolanos que no cuentan con un empleo formal o que no podían cumplir con algunos de los requisitos exigidos. Hoy todos se preguntaban si quedarán excluidos de este proceso.

“Yo soy capaz de pagar todo lo que es debido a esta isla, hay mucha gente que no tiene trabajo como yo y la mayoría no nos hemos portado mal acá. Yo limpio tres casas por semana a una familia, tengo un año con ellos. ¿Tengo que pedirles una carta de trabajo, eso serviría?”, preguntaba una venezolana identificada como Selinda León.

Otra venezolana, Flor Ventura Pérez, manifestó su inquietud porque el plan no permitirá la legalización de ciudadanos que, aún indocumentados, ya están contribuyendo de alguna forma con la economía de la isla.

“Desde 2016 hasta la fecha pago el hospital y todo lo que se debe pagar lo estamos pagando. Pagar otro permiso no es nada, solo queremos que nos den la oportunidad de legalizarnos”, expresó.

Algunos, por su parte, denunciaron el carácter restrictivo del proyecto de integración. 

“Esto parece un casting para tomar a todos los profesionales graduados y desechar a los obreros”, comentó en la misma red social un venezolano en Curazao identificado como Joe Castellanos.

Otra inquietud frecuente es el “limbo legal” en el que están algunas parejas en la isla, en el caso de que uno o ambos miembros estén ilegales.

“Hay muchas mujeres que tienen hijos o su pareja en Curazao, pero no han podido casarse porque el Registro Civil no casa ilegales ¿Podrán estas personas aplicar para tener un permiso y poder casarse en Curazao?”, fue la duda que plasmó otra de las venezolanas en la sección de comentarios.

Retroceso en derechos para el migrante

De Lima denunció que desde el año 2008 las autoridades de la isla han adelantado políticas que le han ido quitando “estratégicamente” derechos a los ciudadanos inmigrantes.

ONG advierten que los migrantes más vulnerables no son tomados en cuenta

“Todos los inmigrantes que no tienen un permiso indefinido de estadía en la isla viven cada año esta tortura. Es una suerte de esclavitud moderna”, opinó el excandidato al Parlamento.  

Indicó como referencia que antes del 1 de enero de 2013, toda cabeza de hogar que trabajaba podía pagar el seguro social y toda su familia caía bajo el amparo de la protección de esa persona. En la actualidad, solo pueden gozar del beneficio del seguro social quienes tengan la nacionalidad curazoleña, un engorroso proceso que puede tardar años.

También apuntó que los niños que nacieron de inmigrantes sin nacionalidad, no tienen derecho al seguro social de sus padres o hermanos que nacieron antes del 1 de noviembre de 2014.

“Esto viola tratados internacionales, todos los gobiernos tienen la responsabilidad de velar y proteger la integridad de cada niño”, agregó.

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